Resumen:
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"El propósito de este trabajo es reconocer a los servicios públicos como derechos humanos, contemplados tanto en instrumentos internacionales de derechos humanos como también en nuestra Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial. La experiencia demuestra que no siempre la intervención de los privados redunda en la mejor y más efectiva prestación de los servicios. Para esto, sólo basta revisar la historia reciente de nuestro país, a partir de principios de la década del 90 con la privatización de las empresas públicas. Su reestatización no sólo refuerza esa idea, sino que además demuestra el fracaso de los entes de control creados al efecto. La participación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios será clave, no sólo para lograr un precio accesible sino, y sobre todo, una prestación de calidad. En un país con los actuales índices de desocupación, pobreza e indigencia, el acceso a tarifas con precios razonables y servicios de calidad mejoraría de manera sustancial la calidad de vida. Deberá estudiarse una manera más efectiva de otorgar subsidios para las clases media y baja y establecer así los precios de las tarifas, que dependerá, por ejemplo, de los salarios del grupo familiar, si son beneficiarios de algún plan social, barrios donde habitan, etc."
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